Desde hace unos años no hago otra cosa que mirar mi buzón por si me llega un aviso, pero no uno de esos ‘sobres’ que ahora están tan de moda, pues sería muy difícil, ya que me refiero al correo electrónico; sino un correo que diga que la noticia del día es el pacto entre los dos grandes partidos para buscar una solución al importante problema de las preferentes.

Y hete tú, que hemos asistido en estos días a la escenificación de un pacto concertado entre PP y PSOE, cuyo objetivo pretende buscar vías de solución a la comercialización indiscriminada por la mayoría de bancos y cajas españolas de participaciones preferentes y de otros productos financieros complejos, y en un gran número de casos, al margen de la ley.

¡Albricias!, Mi espera ha sido atendida, pero analicemos con detalle este pacto PP-PSOE, que bien podrían tener sendas sucursales de correos en sus oficinas con tanta ‘discreta’ misiva, y las claves que ambos partidos proponen para solucionar el robo de los ahorros de toda una vida.

Los ‘actores’, más como profesión que como parte implicada, proponen la vía del arbitraje que se encomienda a una empresa consultora o auditora bajo la supervisión periódica de una comisión de seguimiento auspiciada por la CNMV y el Banco de España, a la que se podrán acoger los afectados de las entidades nacionalizadas como CatalunyaBanc, Novagalicia, Bankia…, así pues, el árbitro es una empresa privada.

El documento de acuerdo plantea que existen unos parámetros objetivos para que el “árbitro” pueda determinar según estos supuestos si el cliente fue objeto de una “comercialización incorrecta”, a saber, criterios objetivos: falta de documentación relevante o irregularidades en la misma (falta de firma, firma de un menor o de una persona con minusvalía psíquica sin firma de sus tutores legales, etc.) y criterios de perfil inversor: se analiza al titular y a los cotitulares del producto, utilizando criterios como por ejemplo la conclusión del Test de Conveniencia Mifid, la edad, la renta y su origen, la profesión, otros productos financieros contratados, la proporción de importe reclamado sobre el total de capital personal, conducta histórica del cliente, etc.

Pues bien, respecto a ambos criterios nuestra legislación recoge de una manera estricta y clara cómo se regulan las ventas de estos productos, así que la propia entidad tendría la obligación de haber resuelto por sí misma y sin necesidad de árbitro todos estos casos que a día de hoy siguen sin solución a menos que pasen por los tribunales.

Entonces, ¿dónde nos lleva este pacto?, pues básicamente a una aparición en los medios diciendo que se toman cartas, ¿o sobres?, en el asunto, pero delegando a una empresa privada el arbitraje de lo que han calificado como ‘mala comercialización’, eso sí controlada por la CNMV y el Banco de España, casualmente los mismos que permitieron el secuestro de los ahorros de miles de familias españolas, vamos lo que en fútbol se podría denominar como “patadón y p’adelante”.

Recapitulando, que los dos partidos mayoritarios, que andan jugando al ‘tú la llevas’ postal, pactan recurrir a una entidad privada, es decir, con ánimo de lucro, para arbitrar el caso más flagrante de estafa financiera que ha tenido este país, vamos, que entre tanto sobre los afectados recibirán las ‘sobras’ que dejen después de rebañar el plato.

Jaime Navarro

Abogado experto en finanzas

www.jaimenavarro.net